c/ Baixada del Molí,3-5 Edifici Molí III Bloc D 1r-1a
AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
El mercado del alquiler en Andorra afronta una nueva etapa normativa a partir de 2027. La Llei 11/2026, publicada en el BOPA núm. 70 de fecha 23 de junio de 2026, establece el régimen jurídico aplicable a determinados contratos de arrendamiento de vivienda destinados a residencia habitual y permanente durante el periodo 2027-2030.
Esta normativa forma parte del proceso de descongelación progresiva de los alquileres y busca ordenar la transición entre el sistema de prórrogas legales de los últimos años y un nuevo marco con límites, plazos y condiciones específicas.
Uno de los puntos principales de la ley es que no todos los contratos quedarán afectados de la misma manera. La aplicación dependerá de factores como el año de formalización del contrato, la renta por metro cuadrado, la superficie computable de la vivienda y si se trata realmente de una vivienda destinada a residencia habitual y permanente.
Según la norma, algunos contratos podrán finalizar antes, mientras que otros quedarán sujetos a prórrogas legales de uno, dos o tres años, en función de su antigüedad y de la renta aplicable por metro cuadrado. Durante estas prórrogas, la renta solo podrá actualizarse, como máximo, con el IPC del año natural anterior.
La ley también introduce límites para los nuevos contratos que se formalicen una vez finalizado correctamente el contrato anterior. En estos casos, los incrementos máximos dependerán del precio por metro cuadrado del contrato extinguido, con porcentajes que pueden variar entre el 1% y el 6% anual, más el IPC, según el tramo correspondiente.
Además, la normativa fija precios de referencia de alquiler asequible por parroquia y regula cómo debe calcularse la superficie computable de la vivienda, excluyendo conceptos como aparcamientos, trasteros, suministros y determinados servicios vinculados.
Para los propietarios, esta nueva regulación hace especialmente importante revisar cada contrato antes de comunicar una renovación, una extinción o una actualización de renta. Para los inquilinos, supone un marco con más reglas sobre los plazos de prórroga, los límites de actualización y las condiciones en las que puede finalizar un contrato.
Desde DALI Serveis Immobiliaris recomendamos analizar cada caso de forma individual, ya que la aplicación de la nueva normativa depende de los datos concretos de cada contrato: fecha de firma, vencimiento, renta mensual, superficie, parroquia, uso de la vivienda y posibles anexos o modificaciones posteriores.
Fuente: BOPA núm. 70, de 23 de junio de 2026, Llei 11/2026, del 4 de junio.
